BARCELONA, 2 ago. (EUROPA PRESS) -
El movimiento de la Tancada de Migrants, que ya lleva 105 días de encierro en la antigua escuela La Massana de Barcelona y se ha extendido a Badalona, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Blanes (Girona), ha reclamado este jueves en una rueda de prensa una reunión con la subdelegación del Gobierno después de que la prevista para la última semana de julio se cancelara.
Los participantes del encierro han afirmado que se sienten "decepcionados" por el nuevo Gobierno socialista y por la Generalitat, que solo dedicó diez minutos de la agenda del presidente de Catalunya, Quim Torra, para reunirse con los migrantes encerrados, han asegurado.
Por otra parte, han criticado la posición de algunos ayuntamientos como el de Blanes, Badalona y Granollers, que ponen dificultades al padrón sin domicilio, un derecho que desde la protesta recuerdan que está reconocido legalmente.
El único ayuntamiento que ha prometido agilizar el proceso de concesión de este tipo de padrón ha sido el de Barcelona, por eso los migrantes encerrados han reclamado a la Generalitat que, de la misma manera que congregaron a todos los alcaldes "para unificar la lucha por la independencia, deberían hacerlo para instarles a colaborar en esta lucha también".
La Tancada ha pedido al Gobierno encontrar una solución alternativa al problema de la concesión de papeles solamente a través de contratos laborales de un año y 40 horas de duración, así como la eliminación de los exámenes necesarios para conseguir la nacionalidad.
Los portavoces del movimiento han afirmado que no pueden seguir formando parte de la "economía sumergida" eternamente, y han criticado que, pese a que les llegan diversas propuestas e ideas, ninguna es concreta y por escrito.
En este sentido, una de las participantes del movimiento, Juliana, ha asegurado que "se está hablando de los migrantes en función de los intereses de los partidos políticos", y ha señalado que se habla de los que llegan, pero no de solucionar los problemas de los que ya están aquí, en sus palabras.
Por último, las migrantes que trabajan en el sector del empleo del hogar han reclamado acabar con la enmienda 6.777, aprobada por el PP en mayo, que pospone la integración plena de este sector en la normativa de la Seguridad Social hasta 2024, cuando la ley establece que sea en 2019, lo que comporta una cotización de estos trabajadores por debajo de sus salarios y perjudica a sus futuras jubilaciones y prestaciones contributivas, entre otros.
